El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk enfrenta una tormenta legal después de que los tribunales dictaminaran que su acceso generalizado a datos sensibles del gobierno de EE. UU.—incluidos registros de Seguridad Social, archivos fiscales e historias médicas—era una "expedición de pesca" en términos de privacidad. Un juez federal ordenó a DOGE eliminar datos personales recopilados de manera inadecuada, criticando sus tácticas como "matar una mosca con un martillo" por carecer de evidencia de fraude.

Las demandas alegan que los empleados de DOGE, incluido un joven de 19 años con un historial de filtraciones, accedieron a sistemas federales (IRS, Tesorería, Departamento de Educación) sin las salvaguardias adecuadas, arriesgando filtraciones o abuso. Agencias como la SSA y la Tesorería han restringido desde entonces el acceso de DOGE, mientras que los críticos advierten sobre desastres de ciberseguridad, como alimentar datos sensibles en sistemas de IA.

Musk enmarca el trabajo de DOGE como anti-fraude, pero los tribunales lo llaman exceso de poder, provocando debates sobre la privacidad frente a la transparencia gubernamental.

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