La senadora Elizabeth Warren ha sido durante mucho tiempo una defensora prominente de la prohibición de que los miembros del Congreso posean o comercien acciones individuales, argumentando que es crucial para restaurar la confianza pública y prevenir conflictos de interés. Ha presentado y apoyado repetidamente legislación bipartidista destinada a lograr este objetivo.

Esfuerzos Legislativos y Estado Actual

La senadora Warren ha defendido el "Proyecto de Ley Bipartidista sobre la Prohibición de la Propiedad de Acciones por Parte del Congreso" (y versiones similares a lo largo de los años), que prohibiría a los miembros del Congreso y a sus cónyuges poseer o comerciar acciones individuales, bonos, materias primas o futuros. En cambio, se les permitiría invertir en fondos de inversión diversificados de amplio espectro, como fondos mutuos y ETFs.

Aspectos clave de la legislación propuesta incluyen:

Prohibición: Una prohibición de poseer o negociar valores individuales y vehículos de inversión complejos.

Período de desinversión: Un período de transición para que los miembros actuales desinviertan sus participaciones, con una sanción de hasta 50.000 dólares por cada violación.

Aplicación: La aplicación correspondería al Departamento de Justicia y la Oficina Especial del Gobierno de EE. UU.

A pesar de los esfuerzos continuos de Warren y del amplio apoyo público por la medida—con encuestas que muestran consistentemente más del 80 % de los estadounidenses a favor de una prohibición—la legislación ha enfrentado una resistencia significativa y aún no se ha convertido en ley. Aunque propuestas similares han superado comités en años recientes, han fracasado en avanzar a un voto completo en el Senado.

Argumentos a favor y en contra

Los argumentos a favor de una prohibición se centran en eliminar la apariencia de corrupción y el potencial de operaciones con información privilegiada. Los legisladores tienen acceso a información no pública y de gran impacto en los mercados (por ejemplo, proyectos de ley próximos, informes de seguridad nacional, datos económicos) que podrían crear una ventaja injusta para obtener ganancias personales. Una prohibición asegura que los representantes trabajen exclusivamente en interés del público, no en sus propias cuentas bancarias.

Los argumentos en contra de la prohibición se centran principalmente en la libertad financiera personal, con algunos sugiriendo que la ley STOCK actual (Ley de Detención del Comercio con Conocimiento de Congreso), que exige la divulgación oportuna de operaciones, es suficiente si se aplica adecuadamente. Los opositores también argumentan que una prohibición completa podría desalentar a personas calificadas con experiencia empresarial de buscar cargos públicos si se les obliga a desinvertir sus inversiones personales.

La senadora Warren continúa impulsando la prohibición, enfatizando la necesidad de reformas genuinas para restaurar la confianza en las instituciones gubernamentales.

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