La Ley CLARITY estaba destinada a aportar claridad reguladora a los mercados de cripto, pero antes de la audiencia del Senado, los grupos de defensa de DeFi están resistiendo con fuerza. El DeFi Education Fund identificó ocho enmiendas que afirman que restringirían fundamentalmente los protocolos descentralizados, no solo los regularían.

Lo que destaca es el tono: no piden ajustes, sino que advierten sobre daños estructurales en la propia tecnología. Esto sugiere que las enmiendas van más allá de los marcos de cumplimiento y entran en la limitación de actividades sin permiso, posiblemente obligando a las plataformas DeFi a adoptar modelos de intermediación tradicionales.

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Los esfuerzos de lobby están intensificándose, pero sigue sin quedar claro si los senadores distinguen entre la infraestructura DeFi y los intercambios centralizados en su lenguaje. La audiencia podría establecer un precedente sobre cómo se definirán legalmente los sistemas descentralizados en el futuro.

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