La senadora Kirsten Gillibrand proyecta optimismo sobre la Ley CLARITY, pero el calendario legislativo de 2026 sugiere obstáculos estructurales significativos. El Comité de Agricultura tiene previsto votar el proyecto este 27 de enero, centrando su competencia en la CFTC. Sin embargo, la parálisis en el Comité de Banca (que ha postergado su audiencia hasta febrero o marzo debido a las negociaciones por el cierre del gobierno) mantiene la incertidumbre sobre la custodia bancaria y la jurisdicción de la SEC.
Métricas de aprobación y riesgo político
El éxito de la legislación no es una cuestión de voluntad, sino de aritmética parlamentaria: se requieren 60 votos en el Senado. Con la actual composición, la bancada republicana depende estrictamente de captar al menos siete votos demócratas. Este margen de maniobra se ha estrechado tras la introducción de la "Ley de Ética de Activos Digitales" por el senador Michael Bennet.
Esta enmienda, que busca prohibir la participación en criptoactivos a los altos cargos del Ejecutivo y el Congreso, ha desplazado el debate desde la arquitectura del mercado hacia el escrutinio ético. La conexión directa con los proyectos de activos digitales vinculados a la administración Trump y el reciente token NYC de Eric Adams ha politizado el proceso, poniendo en riesgo el consenso bipartidista necesario para alcanzar el umbral de los 60 votos.
La división jurisdiccional entre comités refleja la naturaleza ambivalente de los activos digitales. Sin una acción coordinada entre Agricultura y Banca antes del cierre del primer trimestre, el sector se enfrenta a una regulación fragmentada que podría prolongar el régimen de "regulación mediante ejecución".
